Indignación generalizada

Se empeñan nuestros políticos, en estas últimas semanas, en transmitirnos calma ante la grave situación económica y política.
El Partido Popular nos vendió antes de las elecciones su afán reformista. Muchos le creímos de buena fe. Pensando en que la situación extraordinariamente urgente les llevaría, de una vez, a emprender reformas en una estructura del estado ineficaz, insostenible, insolidaria y anclada en principios políticos profundamente anacrónicos.
Pasados casi seis meses de gobierno vemos que el gobierno no afronta el principal problema de España. Y, lo que es más grave, si en una situación de tal gravedad como la que vivimos no se practican las reformas necesarias, difícilmente se llevara a cabo en tiempos de bonanza económica. De esta forma se condena a la nación española y al pueblo en toda su extensión a convertirse en la base de un régimen tremendamente costoso. Serán las clases populares y medias las más expuestas a los recortes sin recibir contrapartida positiva.
Esta situación de fracaso del estado de las autonomías se pone de manifiesto para cualquier observador dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) mantienen el estado autonómico a toda costa para alimentar a sus extensas clientelas políticas y un elevado número de intereses particulares y económicos privados. A ellos se le unen los partidos nacionalistas en tropel. Interesados, a su vez, en mantener un modelo de estado que sostiene sus privilegios semifeudales, rompe la unidad de mercado que beneficiaría al pueblo y asumen una representatividad que se vería reducida a la mínima expresión con una ley electoral justa.

No me canso de señalar y proponer verdaderas reformas. Reformas que supondrían avanzar hacia un estado más democrático y representativo, reforzar la igualdad efectiva de TODOS los españoles, aumentar la cohesión política y económica, ahorrar al estado millones de euros y mantener los servicios sociales básicos que benefician al conjunto de la ciudadanía.
Para ello:
1) Supresión de instituciones de escasa eficiencia y representatividad: Desaparición del senado, disminución del número de diputados, desaparición de los parlamentos de las comunidades autónomas y de las subdelegaciones de gobiernos regionales.
2) Supresión de ayuntamientos menores de 1000 habitantes. Aproximadamente la mitad de los ayuntamientos españoles.
3) Eliminación de televisiones regionales y todos los entes públicos deficitarios.
4) Gestión por parte del estado de las competencias en educación y sanidad asegurando su cobertura universal y gratuita.
5) Reforma de la ley electoral.
6) Reforzar los mecanismos de control para evitar el fraude fiscal y la corrupción política.
7) Desaparición de pensiones vitalicias y del sueldo de altos cargos del estado, diputados, secretarios de estado, alcaldes, concejales, etc. fijando un máximo salarial obligatorio.


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