martes, 13 de septiembre de 2011

Si yo fuese presidente.

Como últimamente se han sucedido las movilizaciones por los recortes, como los partidos mayoritarios (ni socialistas demostrado en todos estos años, ni populares demostrado en cuanto llegan al poder) tienen voluntad política más allá de reformas cosméticas, como los nacionalistas con sus políticas semifeudales van a ser un lastre enorme para superar la crisis seguiremos abogando por el sentido común. Lo haré como ciudadano y creo que dando voz a muchos otros que así se sienten y que se muestran cansados de una casta política ineficaz e incapaz.
Solo voy a sugerir unas medidas de amplio calado que creo que son las que pueden configurar una verdadera reforma y racionalización del estado.

1) Desaparición del senado. Ni reconversión a cámara territorial, ni institución para apesebrados políticos.

2) Racionalización del mapa autonómico. La sostenibilidad de un estado con diecisiete administraciones (educativa, sanitaria, judicial, etc), con unas deudas inasumibles y con una gestión que ha aumentado los problemas burocráticos para ciudadanos y empresas hace necesario que el estado afronte su total reforma siguiendo un doble eje:
- Recuperación de competencias por parte del estado. Esencialmente las más costosas (educación, sanidad o justicia).
- Comunidades autónomas como institución cercana y simplificadora para el ciudadano. Mediante reducción de la burocracia, disminución y desaparición de entes públicos autonómicos y menos impronta política.

3) Desaparición de las diputaciones y cesión de sus competencia al estado o a los ayuntamientos.

4) Recorte de la administración local. Desaparición de todos los ayuntamientos menores de 1000 habitantes. Eliminación de administraciones duplicadas en el ámbito de las localidades. Disminución del sueldo de alcaldes y concejales.

Con ello los recortes en servicios sociales básicos serían menos necesarios y conllevaría un saneamiento de las cuentas públicas profundo. Además se avanzaría hacia un estado más cohesionado, racionalizado y sostenible que nuestros políticos nos niegan por intereses partidistas y personales frente al bien común y de la ciudadanía.

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